CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá - 14 de junio de 2026 - Panamá tiene un problema tributario de B/.3,751 millones. Esa es la cifra oficial de morosidad acumulada por contribuyentes ante la Dirección General de Ingresos (DGI). La morosidad obedece principalmente a la falta de pago del Impuesto sobre la Renta, el ITBMS, la Tasa Única de Sociedades y el Impuesto de Inmueble. Y la DGI ya no está mirando hacia otro lado.
Lo que ha cambiado en los últimos 18 meses no es la ley: es la capacidad y la voluntad de aplicarla. Los números lo confirman.
Lo que está pasando en las calles: operativos masivos
Entre julio de 2024 y mayo de 2025, la presión sobre el comercio panameño fue sostenida y documentada. La DGI reportó que aumentó su equipo de inspectores, gestores de cobro, auditores fiscales y jueces fiscales, y que entre julio 2024 y mayo de 2025 visitaron 3,069 negocios y aplicaron multas por B/.1,721,300.
Los resultados de las visitas de octubre y noviembre de 2024 son los más reveladores: el 61.4% de los comercios visitados recibió sanciones por irregularidades en su facturación. Las multas sumaron B/.469,700 en apenas dos meses.
Esto no es anecdótico. Ese porcentaje no habla de empresas en infracción abierta: habla de negocios que pensaban estar cumpliendo y no estaban.
En el período julio 2024 a junio 2025 se realizaron 2,534 visitas a comercios, que derivaron en 1,655 actas por incumplimiento y 879 actas de cumplimiento, además de la imposición de multas por B/.1.2 millones. Como parte de esta estrategia, se firmó un convenio de cooperación con ACODECO para llevar a cabo operativos conjuntos de inspección.
Los operativos son diurnos y nocturnos. Son conjuntos con ACODECO. Y son permanentes.
Lo que verifican los inspectores en cada visita
Los inspectores de la DGI verifican que los establecimientos comerciales cuenten con un método de facturación, ya sea de equipos fiscales o factura electrónica. El carecer del letrero de "Entregue su Factura", como no tener la certificación del método de facturación utilizado, implica una multa de B/.100.00.
Eso es la multa mínima. Las que siguen son sustancialmente mayores:
Operativos de fiscalización (Ley 256, Art. 1, Párrafo 3):
- Primera sanción: B/.500 a B/.1,000
- Primera reincidencia (dentro de 24 meses): B/.5,000 a B/.10,000 más cierre temporal
- Segunda reincidencia: B/.10,000 a B/.25,000 más cierre temporal
La DGI emitirá una resolución sancionando económicamente al contribuyente y ordenará el cierre temporal inmediato del establecimiento. Un cierre de dos días en temporada alta puede costar más que la multa misma. Un cierre de quince días puede destruir un negocio.
La nueva arma: el listado público de morosos
En 2024, la DGI escaló su estrategia más allá de las multas económicas. La autoridad tributaria ha apostado por apalancarse en la tecnología para implementar estrategias que impriman mayor presión social y legal sobre los contribuyentes incumplidores.
El primer listado de morosos fiscales fue dado a conocer a través de la Resolución 201-4328 del 25 de junio de 2024, publicada en la Gaceta Oficial. Dicho listado revela el nombre completo del contribuyente, sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera; el número de RUC o cédula; el tipo de impuesto; y el monto adeudado.
Su empresa puede aparecer en ese listado: su nombre y el de su negocio, publicados en la Gaceta Oficial como moroso tributario. Las consecuencias sobre licitaciones con el Estado, líneas de crédito bancario, relaciones con proveedores internacionales y reputación comercial no requieren mayor explicación.
Auditorías digitales e integrales: el fisco está mirando sus libros
La fiscalización ya no es solo de campo. Se impulsaron los programas de auditoría digital e integral, con la atención de 94 casos digitales que representaron B/.12.7 millones y 13 auditorías integrales que sumaron B/.7.7 millones.
Para empresas con partes vinculadas en el exterior, el riesgo es mayor: en el área de tributación internacional se emitieron 143 multas por incumplimiento en la presentación de informes de precios de transferencia, por un total de B/.1.3 millones. La DGI ha ejercido la aplicación de multas automáticas por la falta de presentación de la declaración informativa de precios de transferencia, por lo que las auditorías de precios de transferencia en Panamá son cada vez más frecuentes y complejas.
Y para los casos más graves de evasión, el director de la DGI indicó que hay múltiples investigaciones en curso y que los casos superiores a B/.300,000 son remitidos al Ministerio Público. A partir de ese punto, la conversación deja de ser sobre multas y pasa a ser sobre el Código Penal.
Factura electrónica: la trampa que nadie vio venir
La transición a factura electrónica generó su propia ola de sanciones, muchas sobre negocios que creían haber cumplido. La Resolución 201-6299 establece que los contribuyentes que superen los límites del facturador gratuito están obligados a contratar un Proveedor Autorizado Calificado (PAC). El incumplimiento expone al negocio a las mismas sanciones que aplican por facturar sin sistema válido.
El impacto va más allá de la multa directa: emitir facturas fuera de los parámetros del SFEP genera documentos sin validez fiscal. Esto puede provocar que clientes corporativos o instituciones del Estado rechacen los comprobantes como soporte de deducciones, lo que afecta directamente las relaciones comerciales del negocio. Una factura inválida no solo no cuenta: además le quita al cliente su derecho a deducir ese gasto. Pierden los dos.
El efecto cascada que los empresarios no calculan
Una multa de la DGI raramente viene sola. El incumplimiento tributario desencadena un efecto dominó que afecta múltiples frentes del negocio simultáneamente:
Acceso al crédito. Los bancos en Panamá exigen paz y salvo tributario para renovar líneas de crédito, aprobar préstamos y procesar financiamientos. Un negocio con multas pendientes o en el listado de morosos queda bloqueado en el sistema financiero formal.
Contratos con el Estado. Cualquier empresa que desee participar en licitaciones públicas, proveer servicios al Gobierno Nacional, o renovar permisos y concesiones, necesita paz y salvo vigente. Una multa no resuelta cierra esa puerta.
Reputación comercial. Perder un vencimiento fiscal no es solo una multa. Es un trazo en la paz fiscal con la DGI, una nota negativa en el historial con MITRADEL, y un punto de fricción cada vez que se necesita una constancia de pago para una licitación, un crédito bancario o una renovación de aviso de operación.
El riesgo penal por defraudación. Para los casos donde los registros contables resultan ser incorrectos o manipulados, la exposición no es solo económica. La ley panameña contempla penas de prisión de uno a cinco años dependiendo de la gravedad, y el procesado es el contribuyente, no su contador.
La DGI está recaudando más, y seguirá haciéndolo
El director de la DGI, Camilo Valdés, aseguró que el 2025 cerró con resultados positivos: los ingresos tributarios crecieron 13.4% en comparación con 2024.
«Recaudamos B/.10,540 millones en ingresos corrientes, casi mil millones más que el año anterior.»
Camilo Valdés, director de la DGI
En 2025, la DGI logró recaudar B/.323.4 millones en cuentas pendientes. El 40% fue por gestión voluntaria (llamadas y correos) antes de llegar a etapas coercitivas.
La dirección es clara: más inspectores, más auditorías digitales, más operativos conjuntos, más intercambio internacional de información fiscal, y un listado público de morosos que crece con cada publicación en Gaceta. El MEF estima que el nivel de evasión del ITBMS alcanza los B/.1,500 millones en el país, recursos que pudiesen destinarse a inversión en infraestructura y mejora de servicios públicos. Esa brecha es el objetivo de fiscalización para los próximos años.
Lo que debe hacer su negocio ahora
El cumplimiento tributario en Panamá ya no es una gestión administrativa de baja prioridad que se delega al contador externo y se olvida. Es una función crítica del negocio que requiere visibilidad en tiempo real, trazabilidad documental y control interno propio, independientemente de quién haga la contabilidad.
«Las empresas que salieron bien en los operativos de 2024 y 2025 no tuvieron suerte. Tenían sistemas. Tenían control. Tenían visibilidad sobre sus propias obligaciones sin depender de que alguien les avisara.»
P4 Software
Las que recibieron multas, en muchos casos, tampoco tuvieron mala suerte. Delegaron sin supervisar. Asumieron que estar pagando a una firma contable equivalía a estar cumpliendo con la DGI. No es lo mismo.
Acerca de cifraHQ
cifraHQ es la solución de contabilidad y facturación electrónica DGI de P4 Software, desarrollada específicamente para el entorno tributario panameño. Integra ITBMS, retenciones, Formulario 4331, declaraciones de renta, factura electrónica con Alanube (PAC autorizado por la DGI) y visibilidad en tiempo real sobre el estado de cumplimiento de su empresa, sin depender exclusivamente de su contador externo. Más información en cifrahq.com.
Acerca de P4 Software y Grupo Barrdega
P4 Software, parte de Grupo Barrdega, desarrolla soluciones empresariales en la nube desde Panamá para toda América. Grupo Barrdega es el socio más grande de Zebra Technologies en las Américas, con más de 5,000 clientes activos en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Más información en p4software.cloud.
Fuentes: Informe de Gestión DGI julio 2024 a junio 2025 (MEF); La Estrella de Panamá; Panamá América; EcoTV Panamá; Lexology; DGI Panamá (dgi.mef.gob.pa). Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal ni tributaria; verifique las cifras, montos y plazos vigentes con la DGI o su asesor fiscal.